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    CCOO formula les seves al·legacions a l'Avantprojecte de Llei Estatal pel Dret a l'Habitatge

      El sindicat, a través de la seva Secretaria de Participació Institucional i Moviments Socials, ha registrat les seves observacions a l'avantprojecte de llei durant el procés de consulta pública, en coordinació amb la resta d'organitzacions socials que integren la plataforma «Iniciativa Llei Habitatge».

      26/11/2021.
      vivenda

      vivenda

      CCOO, a través de la seva Secretaria de Participació Institucional i Moviments Socials, ha formulat les seves al·legacions a l'Avantprojecte de Llei Estatal pel Dret a l'Habitatge en coordinació amb la resta d'organitzacions socials que integren la plataforma «Iniciativa Llei Habitatge». Durant el procés de consulta pública per a realitzar observacions a l'avantprojecte de llei –el termini de la qual va finalitzar el passat 18 de novembre-, el sindicat ha registrat una bateria d'aportacions entre les quals destaquen, a més de les plantejades juntament amb els altres integrants de la plataforma, dues qüestions que preocupen particularment com és la referida a l'amiant, «que l'avantprojecte de llei omet», o la «garantia de la presència dels sindicats, com a agent social», en el Consell Assessor de l'Habitatge la creació del qual està prevista en la llei.

      D'una banda, en relació a la qüestió de l'amiant, des de CCOO han advertit de la necessitat de dotar a la llei dels instruments efectius «per a assegurar la funcionalitat, la seguretat i l'habitabilitat dels habitatges, garantint així la dignitat i la salut de les persones que les habiten». «Es fa imprescindible –assenyalen en les seves al·legacions- que els edificis que continguin amiant estiguin catalogats, de manera que propietaris i inquilins siguin coneixedors de l'existència d'aquest cancerigen en els seus habitatges».

      Quant a la presència dels agents socials en el Consell Assessor de l'Habitatge previst en la llei, aquest òrgan podrà estar integrat per representants dels diferents departaments ministerials amb competències relacionades amb l'habitatge, d'associacions empresarials, organitzacions sindicals, d'associacions i col·legis professionals, d'entitats financeres, d'associacions del tercer sector i d'associacions representatives d'interessos afectats per la llei. No obstant això, per a CCOO «el present avantprojecte ha de determinar el marc de participació dels agents socials amb implantació estatal i interessos afectats per la norma». Al seu judici, «com a agents socials, els sindicats han de formar part d'aquest òrgan col·legiat, perquè tot s'ha de fer sobre la base de l'acord i no de la imposició, i cal establir mecanismes de participació i col·laboració en la planificació de les polítiques d'habitatge amb tots els agents implicats».

      Des de CCOO, tal com afegeix en les seves aportacions, asseguren que «és l'Estat el que té competència exclusiva en matèria de regulació de condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l'exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals», en referència a l'article 149.1. 1r de la Constitució Espanyola.

      Les observacions presentades per les organitzacions integrants de la plataforma «Iniciativa Llei Habitatge», es basen en els següents arguments:

      • L'avantprojecte continua vulnerant el Pacte Internacional pels Drets Econòmics, Socials i Culturals, violant en definitiva el Dret Humà a l'Habitatge.
      • No reconeix com a dret subjectiu el Dret a l'Habitatge.
      • No prohibeix els desnonaments de persones vulnerables sense alternativa residencial, ni “en obert”, ni obliga grans forquilles a oferir lloguer social previ a un desnonament.
      • Estableix el límit de “gran forquilla” en propietaris de 10 o més habitatges, la qual cosa impedirà a la majoria d'inquilins veure rebaixades les seves rendes.
      • Lliura als propietaris que siguin persones físiques, de les obligacions de rebaixar, encara que siguin grans forquilles.
      • El Govern renuncia a la seva obligació d'establir uns mínims comuns al conjunt de l'Estat, traslladant al criteri de les CCAA tant la declaració de zones tensionadas, com la possibilitat de recàrrecs en l'IBI (càrrega insignificant i discriminatòria) on a més, hauran de decidir els ajuntaments. Ja les CCAA autònomes governades pel PP -Galícia, Castella Lleó, Madrid, Andalusia i Múrcia- s'han declarat insubmises a aquesta llei, amb el que al voltant de 20 milions de persones es veuran privats dels escassos avantatges d'aquesta llei, augmentant la discriminació en raó del territori de residència.
      • No estableix cap règim sancionador específic per a incompliments.
      • Renúncia a la utilització com a Parc Públic Temporal dels 3,4 milions de cases desocupades (dades INE). Tampoc de la SAREB.
      • Renúncia igualment a iniciar la recuperació d'al voltant de 65.000 milions d'euros públics gastats en la recuperació de la banca en la crisi anterior, que podria dotar d'un important nombre d'habitatges l'inexistent parc actual.
      • No garanteix l'accés als subministraments bàsics en situacions vulnerabilidad.
      • No adopta mesures de xoc per a combatre el sinhogarismo. En definitiva: no garanteix l'accés a un habitatge digne i adequat.

      Les organitzacions que formen part de la «Iniciativa Llei Habitatge» han recordat que el passat dia 30 de setembre, i avalats per nou formacions parlamentàries, va ser registrada la Proposició de Llei pel Dret a un Habitatge Digne i Adequat que sí que garanteix l'exercici d'aquest dret fonamental. Per això, reclamen a totes aquestes formacions que utilitzin aquest text que van avalar amb les seves signatures per a esmenar l'insuficient text del Govern en el pròxim tràmit parlamentari.